El lobby de los cazadores acusa a los animalistas de montar "chiringuitos" y activa una campaña contra la futura Ley de Protección de los Animales

El lobby de los cazadores está en plena campaña contra el Gobierno y contra la futura Ley de Protección de los Animales. Una campaña qua ha alcanzado su punto álgido con un vídeo difundido por la Real Federación Española de Caza y por la revista Jara y Sedal en el que, además de incluir contenido amenazante contra el director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Ione Belarra, se acusa al Ejecutivo de coalición de querer montar una red clientelar animalista.

El sector cinegético hace propio el discurso de la ultraderecha y habla de un entramado de "chiringuitos" animalistas mantenidos con ayuda pública. Una línea argumental que choca de lleno con la propia realidad de algunas de las organizaciones más importantes de España dedicadas a la caza, que nutren sus cuentas de convenios y subvenciones públicas.

En el caso de la Real Federación Española de Caza (RFEC), una de las difusoras de la campaña contra la Ley de Protección Animal, las cuentas públicas subidas a su propia web detallan que, en el ejercicio 2020, el Consejo Superior de Deportes destinó una subvención de 22.806,21 euros a dicha organización. Una ayuda que, según el presupuesto de 2021, será similar, de 22.800,00 euros.

Otra de las organizaciones vinculadas a la caza es la Fundación Artemisan, que no ha hablado de dispendio público con la Ley de Protección de los Animales, pero sí ha mostrado su rechazo a que ésta incluya obligaciones a los cazadores respecto al cuidado de sus perros. Según las cuentas del ejercicio 2020, esta entidad recibió subvenciones de 1.028.907 euros para diversos proyectos. Las ayudas llegaron desde la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca –para un plan de control de plagas de tuberculosis en ganado– la Junta de Extremadura o la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia. Además, hubo ayudas que llegaron desde el sector privado, como la aseguradora Mutuasport.

Estas son sólo dos de las más importantes organizaciones dedicadas a la caza, cuyo sector tiene también una red autonómica que recibe ayudas desde los diferentes Ejecutivos regionales. La Federación de Caza Andaluza (FCA), por ejemplo, recibió en el año 2020 dos subvenciones: una por 8.400,00 euros; y otra por 13.054,24 euros.

A la Federación Galega de Caza, por su parte, recibió en 2020 dos subvenciones por parte de la Conselleria de Medio Ambiente. 18.000 euros por unos cursos y jornadas formativas; y 7.000 euros por campañas de fomento de la actividad cinegética. En 2021, las ayudas pasaron a ser de 16.000 euros y 9.000 euros por los mismos convenios y, en 2022, la Xunta ha elevado la ayuda a 15.000 euros y 10.000 por campañas similares de concienciación y divulgación de la caza.

En Cantabria, el sector recibió 20.000 euros de la Consejería de Ganadería y 5.000 euros de la Consejería de Deportes, según los presupuestos relativos al ejercicio del año 2021.

El caso de Extremadura es de los más llamativos, pues en la sección de Transparencia de la Federación se puede constatar que en el año 2021 el sector cinegético recibió ayudas por un total de 104.278 euros, de los que 71.467 vinieron de la Consejería de Educación y Empleo; 16.500 de la Diputación de Badajoz; y 16.311 de la Diputación de Cáceres.

La federación Madrileña, también ha recibido grandes subvenciones. Las últimas que aparecen en la web de la organización son relativas al año 2018 y ubican la cifra en los 53.343 euros, de los cuales 31.478 vienen de parte de la Dirección General de Deportes y 24.865 de la Dirección General de Medio Ambiente.

En el País Valencià, las subvenciones a la federación se elevan hasta los 128.957 euros en 2020, que se dividen de la siguiente manera: 39.900 del Servicio Valencià d' Ocupació y Formació LABORA; 31.909 de la Conselleria de Educación; otros 4.148 de la Conselleria de Educación; 2.500 del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada; 5.000 de la Diputación de Castellón y 50.000 de la Diputación de València.

Lo mismo ocurre en la mayoría de las federaciones autonómicas, aunque no todas tienen accesibles sus datos económicos en sus páginas oficiales, a pesar de que las leyes de Transparencia obligan a dar información de ello a las federaciones deportivas.

Fuente de información: Publico.es

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