Esperanzas para el futuro del lobo

Lo denunciable es la interpretación torticera emitida por la Junta de Castilla y León a través del consejero Suárez-Quiñones, quién miente al afirmar que la sentencia supone un aval a su gestión, siendo precisamente todo lo contrario, un varapalo a su caza encubierta y disfrazada.

En primer lugar, la sentencia resuelve la consulta efectuada en el marco de la legislación finesa y en el ámbito de su realidad, donde se consideraba la caza del lobo como ‘necesaria herramienta de gestión’ sobre una especie estrictamente protegida para reducir la incidencia socioeconómica de la especie sobre intereses particulares (perros y ganadería de renos) y como una necesidad para la propia conservación de lobos, basándose en que matar lobos —con autorización— sirve para reducir la caza furtiva. Evidentemente, ese contexto no es extrapolable a España. Pero además, esa Sentencia falla a favor de la protección inequívoca del lobo y determina que es necesario en primer lugar acreditar y justificar un estado de conservación favorable del lobo, y en último caso, excepcionalmente podrían autorizarse medidas de control selectivas y discriminadas para no deteriorar el estado de conservación del lobo.

Pero sí estas distinciones deberían servir para atemperar el análisis, interviene el inefable señor Suárez-Quiñones, de nuevo consejero con competencias en lo ambiental, tras fracasar reiteradamente en lo que en Castilla y León se denomina ‘gestión del lobo’, con un Plan anulado definitivamente por el Tribunal Supremo (Diciembre de 2018), y con los Aprovechamientos Comarcales Norte Duero 2016-2019 suspendidos judicialmente, es decir, el responsable político de que no se pueda cazar un lobo legalmente en Castilla y Léon, de lo cual le estamos agradecidos. Este juez en excedencia interviene, decimos, manifestando (16/10/19) que la Sentencia ‘ratifica punto a punto su gestión’, dado que en Castilla y León se da ‘un control excepcional, cuando no hay otro medio, de forma muy determinada, y frente a daños insoportables’, todo lo cual ‘avala lo que estamos haciendo en Castilla y León, con cazadores y ganaderos al Sur del Duero’.

Es dificil mentir más y mejor, porque en Castilla y León las muertes de lobos nunca han sido la excepción, sino más bien la norma, eludiendo cualquier otro medio de restricción no letal de daños, y nunca se han agotado las medidas de prevención, y sobre todo, nunca se ha justificado que las acciones letales sobre los lobos no deterioraran su estado de conservación, actualmente desforable, lo cual desacredita la gestión de Suárez-Quiñones en los últimos años. Es público y notorio que el espíritu de la Directiva Hábitats no se respeta en Castilla y León.

Fuente de información: Ecologistas en Acción