08/06/2020

Animalistas y ecologistas apoyamos al Govern de Catalunya por la subida de sanciones a los cazadores

Las entidades hemos enviado un escrito al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca para solictar que no ceda las presiones.

Denunciamos que los cazadores pagaban sanciones irrisorias

Las entidades ADDA, Ecologistas en Acción, AnimaNaturalis, Fundació Fauna, FAADA, Depana, AVDA, Libera! y Lex Ànima, manifestamos nuestro apoyo a la actualización de las sanciones aplicables a infracciones a la legislación de caza, y reclamamos al Govern de la Generalitat que no ceda a la presión de los colectivos de cazadores. Resulta vergonzoso ver como los máximos representantes de la Federación de Caza de Catalunya claman por las sanciones que se han aprobado contra los cazadores, cuando en realidad las sanciones ya están definidas desde la ley de 1970 y lo único que se ha hecho es actualizar el importe de las mismas. La impresión es que los cazadores quieran seguir manteniendo la impunidad casi absoluta que disfrutaban hasta ahora.

Desde las entidades creemos que la modificación de los importes de las sanciones por infracciones de caza, por su actualización en el año 2020, son de "pura lógica" y que ya era hora que se empezaran a eliminar los privilegios que ha mantenido el colectivo de los cazadores desde 1970. Durante años han recibido un "trato de favor" pagando sanciones irrisorias, con máximos de 30€ y 50€ por las sanciones muy graves por infracciones que pueden poner en peligro la vida de otras personas y desde 1,5€ en el caso de las leves. Ninguna otra actividad tenía unas sanciones tan desproporcionadamente bajas, que además, si estas sanciones se pagaban rápido se reducian a la mitad. A partir de ahora las sanciones se prevén de hasta 3.000 euros las graves y hasta 120.000 euros las muy graves. Las mismas que tienen los pescadores desde el 2009 o las que tienen los cazadores aragoneses.

Desde la Federación Catalana de Caza se ha iniciado una huelga durante la cual que no ayudarán a los agricultores a prevenir posibles daños, según indican en sus comunicaciones, pero sí saldrán a cazar igualmente como deporte o hobby.

Las entidades siempre estaremos junto a quienes pongan freno a los privilegios de un colectivo que lejos de ser garante de la naturaleza, la pone en peligro, la pervierte con sus granjas cinegéticas, la contamina con sus balines de plomo -plumbismo y por encima de los derechos de los demás usuarios del medio natural, es decir la inmensa mayoría de la sociedad.

Es evidente el conflicto ético que suscita la actividad cinegética como medida para controlar poblaciones de animales. Las entidades han explicado al Departamento de Agricultura, Ganadería, pesca y Alimentación de la Generalitat que la actividad cinegética conlleva importantes daños tanto para los animales cazados, como a sus crías, a los animales que resultan heridos y a multitud de especies, muchas protegidas, que ven mermado su éxito reproductivo consecuencia de las batidas de caza. Por otra parte, en el caso particular de Catalunya, la caza para controlar la población de jabalíes se ha mostrado especialmente ineficaz. De acuerdo con los datos del programa de seguimiento de poblaciones de estos animales, el número de jabalíes cazados aumentó en más de 28.000 individuos en los últimos 23 años, cifra que indica que esta población se ha quintuplicado (desde la temporada de 1990-1991 a la de 2013-2014). En el último informe de la temporada 2015-2016 facilitado por la Generalitat de Catalunya (Rosell et al., 2016) el número de jabalíes cazados ha alcanzado cifras récords, mientras que su población crece a ritmo acelerado.

Las entidades firmantes del escrito han puesto de manifiesto que hay que construir una nueva normalidad donde los privilegios de unos pocos dejen de ir en contra del derecho general a disfrutar de la naturaleza ya sea de excursionistas, ciclistas o buscadores de setas Una nueva normalidad donde la caza debería ser la última opción a la hora de gestionar la fauna. La naturaleza tiene enormes retos por delante en Catalunya. La caza se gestiona todavía según la ley franquista de 1970, bajo la lógica de aquel régimen. Hoy existen numerosas alternativas para garantizar una adecuada convivencia entre actividades humanas y conservación de la fauna, pero las dinámicas de décadas dificultan que la administración se regule de acuerdo con los nuevos tiempos.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas y de defensa animal reclamamos a la Generalitat y en particular al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que no ceda ante la presión de los cazadores y que, al contrario, tenga en cuenta las alternativas que desde de la ética hacia los animales y la sostenibilidad se plantean desde hace años.

Más información: Ecologistas en Acción

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