Masacre a 46 perros de caza

El sacrificio de perros cuando no sirven para la caza continúa siendo una práctica extendida en algunas zonas de España. Una muestra de ello es la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil en Tierra de Barros (Badajoz), que ha abierto diligencias contra 12 vecinos de la comarca por la matanza de 46 canes.

La Benemérita, que ha puesto a disposición judicial las diligencias instruidas, imputa a estas personas un delito de maltrato animal. Entre los investigados, hay un facultativo veterinario de la comarca pacense, a quien también se le imputa un delito de falsificación documental, según ha informado la Guardia Civil.

Primeras pesquisas: El caso se destapó con el hallazgo de un cadáver de perro junto a un saco de huesos.

Los hechos se habrían producido en los últimos tres años, si bien las pesquisas comenzaron el pasado mes de agosto cuando el Seprona de Hornachos tuvo conocimiento del hallazgo en un olivar cercano al paraje de San Isidro, del término municipal de Ribera del Fresno, del cadáver de un perro galgo en avanzado estado de descomposición. Junto al cadáver, también se encontró un saco lleno de restos óseos.

El microchip que llevaba el animal permitió localizar a su propietario. El hombre, un vecino de Ribera del Fresno, explicó a los agentes que sacrificó a su perro por “no satisfacer sus expectativas para la actividad de la caza mediante eutanasia practicada por un facultativo veterinario”, según ha informado la Guardia Civil.

Vulneración de la normativa: El facultativo sacrificaba a los perros con ‘mala praxis’.

Tanto el cadáver del perro como los restos óseos encontrados en el lugar se remitieron al Departamento de Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil con el objetivo de analizarlos. Las evidencias hicieron sospechar a los agentes que el sacrificio de animales que ya no son válidos para la caza es “una práctica habitual” por parte de algunos propietarios que, además, contaban con la colaboración de un veterinario de la zona.

De resultas de la investigación, los agentes consiguieron identificar a diez personas más relacionadas con el caso, todas ellas vecinas de diferentes municipios de la comarca pacense, que dieron de baja un total de 46 perros de caza de corta edad, en su mayoría galgos. Los perros fueron sacrificados siendo animales sanos, sin ninguna patología ni motivo que justificase su sacrificio legalmente.

La investigación también concluyó que el sacrificio lo realizaba el mismo facultativo mediante “mala praxis”, ya que administraba la eutanasia sin aturdimiento previo e, incluso, fuera del centro veterinario, contraviniendo de este modo la normativa sobre sacrificio de animales domésticos, la Ley de la Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Convenio Europeo Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía y el propio Código deontológico para el ejercicio de la profesión.

Fuente de infirmación: La Vanguardia

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