Veterinaria a juicio por el presunto sacrificio ilegal de perros de caza

El comienzo de esta investigación se remonta al día 25 de agosto de 2019, cuando el Seprona de la Guardia Civil recibió el aviso de un particular por el hallazgo de un perro muerto y en avanzado estado de descomposición abandonado en el campo.

Una vez identificado el animal mediante el microchip que portaba y contactado su propietario, este declaró espontáneamente haber llevado a uno de sus cinco galgos a una veterinaria de la comarca de Tierra de Barros para que lo sacrificara. “El motivo para ello era que ese animal no valía para cazar, ya que se comía las liebres abatidas, por lo que una vez acabada la temporada de caza decidió matarla, lo que esta veterinaria hizo inyectándole un producto para eutanasia animal”, señalan los ecologistas.

Cuando los agentes consultan la documentación del Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura (Riace) que obra en poder de la veterinaria, constatan que el motivo de la baja que figura en los expedientes de estos animales es muerte por enfermedad o causada por accidente, lo que, entre otras cosas, puede suponer un delito por falsedad en un documento público”, explican.

A pesar de que, en el juzgado, los cazadores implicados se han acogido a su derecho a no declarar y la veterinaria acusada asegura que lo que consta en los certificados de defunción de estos animales es verídico, “del resultado de la investigación del Seprona parece deducirse con claridad que estos perros fueron llevados a la citada veterinaria por cazadores de la zona para que ésta acabase con sus vidas de forma ilegal, puesto que no había causa alguna para practicarles la eutanasia sino que, simplemente, no les servían ya para cazar”, indican los ecologistas.

Además, se da la llamativa circunstancia de que, sólo esta veterinaria, firma al año un volumen desproporcionado de certificados de defunción en comparación con los que se emiten en el resto de la comarca de Tierra de Barros para el mismo período de tiempo, lo que, claramente, parece ser muy superior a la demanda habitual de un recurso que, es necesario recordar, tiene como única finalidad aplicar la muerte indolora a un animal que sufre una situación penosa o una enfermedad agónica, incurable o de difícil recuperación”, detallan.

Por todos estos hechos, Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado para los 11 cazadores propietarios de los perros sacrificados ilegalmente 1 año y 10 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal y para la veterinaria que practicaba las eutanasias ilegales, 4 años y 10 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal y otro delito continuado de falsedad documental.

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Más información: Ecologistas en Acción

Ong ADDA -abril 2021