La ley de caza de Castilla y León es inconstitucional

El Tribunal Constitucional ordena que se dé traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.

El Defensor del Pueblo, Don Francisco Fernández Marugán, considera que esta norma se aprobó sin los estudios necesarios y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin efecto los autos del TSJ de Castilla y León, que paralizaron de forma cautelar a finales de febrero la caza en esta comunidad gracias a la denuncia de PACMA.

A finales de mayo también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tramitó una cuestión de inconstitucionalidad en referencia a esta ley y dio traslado de la misma al máximo tribunal.

El pasado mes de febrero el TSJ admitió las medidas cautelares solicitadas por PACMA y suspendió la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma al considerar que la fauna silvestre, «el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección» estaba en peligro por la práctica de la caza.

Tras esta victoria sin precedentes, que por primera vez llevaba a los tribunales la violenta actividad de los cazadores que PACMA lleva años denunciando, las Cortes de Castilla y León aprobaban una modificación de la Ley de Caza para saltarse la decisión judicial.

Con esta maniobra los partidos políticos representados demostraron su absoluto desinterés en la protección de los animales y el entorno natural y se rindieron a las presiones de los cazadores.

Fuente de informació: Ecoticias. com

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